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Sección:
Salud Mental, Implicaciones Legales y Forenses

EL PSICÓLOGO EN LA JURISDICCIÓN DE MENORES
Mª del Carmen Antón Boix, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid

El “menor”, es hoy día objeto de numerosas investigaciones y estudios, tanto cuando aparece como agresor, como cuando lo hace como víctima.

Como antecedente de la intervención del psicólogo en los Juzgados de Menores, hay que señalar que en la Ley de 1948 se recogía las funciones del psicólogo en su artículo 73. A finales de la década de los 80 comienzan a transformarse los antiguos Tribunales Tutelares de Menores en los actuales Juzgados de Menores, asistidos por un juez de carrera, a partir de este año comienzan a cubrirse las plazas de los Equipos Técnicos de los Juzgados de Menores compuestos por Psicólogos, Trabajadores Sociales y Educadores.

En la Ley Orgánica 4/1992 se reconoce legalmente las funciones que los Equipos Técnicos habían estado desarrollando en los últimos años, siendo preceptivo el informe del equipo, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como su entorno social y en general sobre cualquier otra circunstancia que pueda haber influido en el hecho que se le atribuye, extendiéndose su intervención a las distintas fases del proceso.

Y con la entrada en vigor de la ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores se ha potenciado la intervención del Equipo Técnico.

Los principios básicos a destacar de esta ley:

  • La necesaria reforma legislativa, partiendo de principios básicos como el superior interés del menor, de las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y de las normas de Derecho Internacional, con particular atención a la Convención de los Derechos del Niño de 20 de Noviembre de 1989.
  • El establecimiento de la mayoría de edad penal en los 18 años, fijándose los 14 como el límite mínimo a partir del cual comience la posibilidad de exigir responsabilidad por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. Se fijan dos tramos de edad: de 14 a 16 y de 17 a 18 años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de 16 años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas. Así mismo esta ley puede ser aplicada a los mayores de 18 y menores de 21 años, si el juez así lo acordara, atendiendo a las circunstancias personales y grado de madurez del autor (especialmente cuando así lo haya recomendado el Equipo Técnico en su informe), y a la naturaleza y gravedad de los hechos.
  • La exigencia de responsabilidad para los jóvenes infractores se fundamenta en principios orientados hacia la reeducación de los menores de edad infractores, en base a las circunstancias personales, familiares y sociales, Por tanto la intervención educativa trasciende a todos los aspectos de regulación jurídica.
  • Se configura el Equipo Técnico como instrumento imprescindible para alcanzar el objetivo que persiguen las medidas que no pueden ser represivas, sino preventivo-especiales, orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés del menor, valorados con criterios que han de buscarse primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas. Estos criterios técnicos han de ser valorados por Equipos de profesionales especializados.

 Mediante estudios, el psicólogo debe informar sobre la situación del menor y cuáles son las posibilidades de su reeducación y tratamiento. La entidad pública establecida en cada Comunidad Autónoma será la encargada de aplicar las medidas educativas impuestas por el Juez, donde el psicólogo realiza una gama de intervenciones como son el diseño y seguimiento del tratamiento.
Entre las funciones que desempeñan los psicólogos en los Juzgados de Menores cabe destacar:


• Emitir los informes técnicos de la especialidad, solicitados por el Juez o el Fiscal.
• Asesorar las medidas que deben ser aplicadas.
• Seguimiento de las intervenciones.
En otras Instituciones:
• Planificar el funcionamiento del Centro.
• Aplicación de tratamientos individuales y colectivos.
• Elaboración y aplicación de programas en medio abierto.
• Técnicas de Mediación.

Del artículo 27 - informe del equipo técnico- Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se deducen los siguientes aspectos:

  • Desde el mismo momento de incoación del expediente, el menor tendrá derecho, entre otras cosas a la asistencia de los servicios del Equipo Técnico adscrito al Juzgado de Menores.
  • Durante la instrucción del expediente el Ministerio Fiscal requerirá del Equipo Técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en esta ley.
  • El Equipo Técnico podrá proponer, asimismo, una intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo que considere relevantes en orden a dicha intervención.
  • De igual modo el Equipo Técnico informará, si lo considera conveniente y en interés del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación con la víctima.
  • Así mismo podrá el Equipo Técnico proponer en su informe la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor.
  • El informe requerido podrá ser elaborado o completado por aquellas entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito de la educación de menores y conozcan la situación del menor expedientado.

Medidas que se pueden imponer a un menor infractor:

  • Amonestación; acto por el cual el Juez explica al menor lo intolerable del hecho y las consecuencias del mismo.
  • Prestación en beneficio de la comunidad: realización de una actividad, en la que el menor está de acuerdo, en beneficio de la colectividad en su conjunto, o de personas en situación de precariedad. Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante su realización, que la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta.
  • Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto o terapéutico: estas medidas responden a una mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados por la violencia, la intimidación o el peligro para las personas. El objetivo prioritario es disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones o deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial.
  • Asistencia a un centro de día donde realizará actividades educativas de apoyo a su competencia social que puedan compensar las carencias del ambiente familiar.
  • Libertad vigilada, estando sometido el menor a vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social,
  • Realización de tareas socio-educativas específicas que faciliten su reinserción social.
  • Tratamiento ambulatorio asistiendo a un programa terapéutico que les ayude a superara procesos adictivos o disfunciones significativas de su psiquismo.
  • Permanencia de fin de semana en el hogar, medida adecuada para los menores que comenten actos de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.
  • Convivencia con una persona, familia o grupo educativo a fin de desarrollar pautas socioafectivas prosociales en el menor.

Para la elección de la/s medida/s adecuada/s se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de manifiesto los dos últimos en los informes de los Equipos Técnicos.

Pero en el contexto de la ley reviste un interés particular los temas de reparación del daño causado y la conciliación del delincuente con la víctima como situaciones que en aras del principio de intervención mínima y con el concurso mediador del Equipo Técnico hacen prevalecer los criterios educativos y resocializadores.
La reparación del daño causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculpares. La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo acepte y otorgue su perdón.

En la reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo más: el menor ejecuta el compromiso contraído con la víctima o perjudicado de reparar el daño causado, bien mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien mediante acciones adaptadas a las necesidades del sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.