La Revista de la Salud Mental
Conoce todos los caminos que conducen al bienestar



Sección:
Salud Mental, Implicaciones Legales y Forenses

Privación de la patria potestad por perturbaciones mentales: el principio del “interés superior del menor” (parte 1) Mª del Carmen Antón Boix, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Artículo 3,1 de la Convención de 20 de noviembre de 1959 sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La patria potestad queda configurada en nuestro ordenamiento jurídico (artículos 154 y ss. del Código Civil) como un conglomerado de derechos y deberes de los padres respecto de la prole en situación legal de dependencia, en aras de la función protectora y formativa que, por derecho natural, corresponde a quienes han asumido la decisión de procrear a un hijo, y ello mientras éste no se encuentre en condiciones naturales y jurídicas de valerse por sí mismo.

La titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores de manera conjunta.

Aunque la patria potestad, por derecho natural y positivo viene otorgada a los progenitores, atendiendo a que integra en su función no sólo derechos sino muy principalmente deberes, puede en determinados casos restringirse, suspenderse e incluso cabe privar de la misma por ministerio de la Ley, cuando sus titulares, por unas u otras razones no asumen las funciones inherentes a ella o las ejercen con desacierto y perjuicio para el descendiente, llegando a la solución más radical en el supuesto de incumplimiento de los deberes que configuran tal institución jurídica, conforme prescribe el artículo 170 del Código Civil: ”El padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.

Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación.”

Prima, en consecuencia, en la referida institución el principio del beneficio del menor o “favor fillii”, de tal modo que cuando, por unas u otras razones, se incumple dicha primordial finalidad es viable la privación judicial de tal potestad.

No exige la Ley que dichos incumplimientos sean deliberados o dolosos, pues no se trata fundamentalmente de sancionar al progenitor indigno, sino de amparar los derechos e intereses del menor, ante una situación de riesgo o abandono, que inclusive puede dimanar de causas no imputables al titular de la potestad, que sin embargo no se encuentra en condiciones de poder afrontar, con las debidas garantías para el descendiente, las funciones protectoras integradas en aquélla, en cuanto contenido del que no puede prescindirse, salvo que se pierda de vista la verdadera finalidad de la institución examinada.

El "interés del menor" es un concepto jurídico relativamente indeterminado, lo cual implica la realización de una labor hermenéutica en cada caso concreto para poder delimitarlo. Existen unos criterios objetivos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ser valorado, pero también habrán de ponderarse aspectos subjetivos que individualizarán cada caso concreto. Puede ser determinado discrecionalmente (que no arbitrariamente) por el juez, evitándose todo perjuicio para el bienestar espiritual y material del menor y, de manera más general y en primer término, por las personas que están a cargo del menor (padres en el ejercicio de la patria potestad, en la mayoría de los supuestos). Pese al mencionado carácter abstracto de este principio, el interés del menor ha de tener como marco el respeto a los Derechos Fundamentales (y especialmente a los de la Convención de los Derechos del Niño de 1989) y no obviar los derechos de los menores que se encuentran recogidos en las leyes nacionales e internacionales.

El "interés del menor" condiciona la normativa además de ser un criterio de integración. Actualmente se recoge en varios preceptos del Código Civil (arts. 92, 154,2, 156, 159, 176,1); en la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, (Exposición de Motivos II pfo. 17º, art. 2, art. 9,2  pfo. 2º, art. 11,2 a) y b); en distintas leyes autonómicas relativas a menores así como en múltiples convenios bilaterales y multilaterales, destacando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 que en su art. 3,1 establece que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

El que el interés del menor sea "superior" conlleva que prime siempre, en la medida en que se le considera la parte débil y más necesitada de protección de cuantas puedan concurrir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los tribunales han venido sosteniendo que el interés superior del menor y el interés de los padres no pueden considerarse opuestos, sino complementarios el uno del otro.

Cuando el art. 170 del Código Civil dispone, en su primer párrafo, que el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial, está atribuyendo una facultad al órgano jurisdiccional.

Ese carácter discrecional de la medida no es absoluto, ya que la norma establece unos límites que la decisión ha de respetar. De un lado, la medida ha de adoptarse en beneficio de los hijos. Así lo establece el artículo 39,2 de la Constitución Española, en cuanto impone a los poderes públicos una actuación que asegure la protección integral de aquellos. Lo propio hacen los artículos del Código Civil 154, en cuanto exige un ejercicio de la patria potestad en interés de los mismos, y 170,2, que condiciona la recuperación de la patria potestad al beneficio de ellos. De otro lado, la privación de la patria potestad, total o parcial, no constituye una sanción perpetua, sino condicionada (tampoco necesariamente) a la persistencia de la causa que la motivó, como establece el artículo 170,2 del Código Civil al regular la recuperación de aquella.

Las perturbaciones o enajenaciones mentales –esquizofrenia, neurosis, histeria, psicosis, paranoia-, pueden constituir causa de privación de la patria potestad, pero únicamente en el supuesto de que, la gravedad y caracteres de las mismas, hagan incapaz al progenitor que las padece para desempeñar debidamente las funciones propias de la patria potestad.

La Sentencia Audiencia Provincial Madrid de 16 octubre 1998 señala que constituye motivo suficiente para privar de la patria potestad el sufrir "desequilibrios mentales y relacionales que imposibilitan el adecuado ejercicio de los deberes maternales y, además, carecen de tratamiento plenamente eficaz". También lo son los trastornos de personalidad con desviación psicopática obvia, con rasgos paranoides, del progenitor que se halla cumpliendo pena de privación de libertad; y la incapacidad declarada, habiéndose acreditado el incumplimiento de los deberes para con su hija.
Por contra, la Sentencia Audiencia Provincial Toledo de 9 junio 1999 manifiesta que no es causa suficiente para determinar la privación de la patria potestad, el padecimiento, por uno de los progenitores, de una debilidad mental ligera, en el límite con la normalidad, con evolución en los últimos años hacia la normalidad psíquica, desde un retraso mental manifiesto.