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Sección:
Rehabilitación Psicosocial

Ley de Dependencia y Enfermedad Mental
Francisco Javier Fernández Rodríguez. Profesional deL CRPS “ALCOBENDAS” dependiente de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Gestionado por Grupo 5 Acción y Gestión Social S.L. Área de Rehabilitación.

El 15 de Diciembre de 2006, apareció publicada en el B.O.E. la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, lo que se llamó y se llama la Ley de Dependencia.

 Ley que acentúa de forma cuantitativa el famoso Estado de Bienestar, del que se empezó a hablar en este país a partir de 1978. En aquel entonces las bases donde se apoyaba aquel modelo de estado eran la protección sanitaria y las prestaciones de la Seguridad Social.

Ha sido el progreso social de nuestro país y la consecuencia natural del desarrollo de los servicios sociales, a través del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios los causantes de crear “el cuarto pilar” del Estado de Bienestar, consecuencia traducida en la famosa Ley de Dependencia.

El texto definitivo y que ya está en aplicación ha sufrido desde sus inicios como Libro Blanco de la Dependencia hasta su publicación en el B.O.E. distintos cambios a través de consensos de las fuerzas políticas y sociales.

Sin lugar a dudas el cambio más significativo han sido en el caso de la infancia bajar la edad de cobertura de la Ley hasta los tres años y la de dar cabida a las personas con Enfermedad Mental, ya que en los textos anteriores a su aprobación las patologías mentales y sus consecuencias sociales, sobretodo por sus consecuencias sociales, eran tratadas por la Ley de forma tangencial.

Desde los profesionales que trabajamos con personas con Enfermedad Mental en recursos sociales o en algunos casos sociosanitarios, la ampliación de la Ley a este colectivo es un acercamiento definitivo a la realidad  de las consecuencias de la Enfermedad Mental, por los siguientes motivos:

Por propia definición de la Ley de atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.

A día de hoy nadie puede poner en duda la vulnerabilidad de las personas con Enfermedad Mental, manifestada por la edad cada vez más temprana en la que aparecen algunas patologías mentales, así como por los deterioros de la misma, incidiendo en la dificultad de ejercitar plenamente sus derechos como ciudadanos.

Por la propia definición que la ley hace de la AUTONOMÍA, entendiéndola como la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

Muchas de las personas con Enfermedad Mental tienen disminuida su autonomía, expresada en las dificultades para el manejo de las diferentes áreas de su vida personal y de su vida social. De forma más frecuente en aquellas que la Ley, precisamente, utiliza para valorar los tres grados de dependencia y que no son otros que las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

Siendo éstas los déficits en:

  • AUTOCUIDADOS: Higiene personal, hábitos de vida no saludables, carencias en el manejo de su entorno…
  • INSTRUMENTALES: Dificultades en el manejo de dinero, en el manejo de transportes, en trámites burocráticos…

Sumándose a ellas deterioros en otros aspectos, que dan como resultados una pérdida aguda y duradera del grado de Autonomía, destacando entre otras:

  • RELACIONES SOCIALES: Falta de red social, inadecuado manejo y abordaje de situaciones sociales cotidianas.
  • FUNCIONAMIENTO COGNITIVO: Dificultades de  atención, concentración, percepción de los estímulos que le rodean.

Además de estas y otras dificultades de funcionamiento, hay que añadir la falta de desempeño de roles sociales que rodean a las personas con enfermedad mental, así como el estigma y el rechazo social que generan en algunos casos riesgos de marginación.

El cuidador no profesionales otro de los aspectos más novedosos de esta ley. Hasta ahora ninguna otra legislación del Estado de Bienestar reconocía con tanto protagonismo al cuidador no profesional de las personas dependientes. No sólo reconociéndolas a través de de las prestaciones económicas, también a través de la formación de los cuidados al cuidador; enfatizando lo que de forma directa se viene realizando con las familias en su mayoría (siempre cuidadores no profesionales) en los planes de intervención de personas con Enfermedad Mental.

Como consecuencia de las reformas psiquiátricas y la finalidad de la rehabilitación dentro de la comunidad, las familias son responsables de la atención y el cuidado, duradero en el tiempo y en muchos casos el único apoyo.
Es por ello, por lo que desde los programas de Atención a Personas con Enfermedad Mental, la familia recibe no sólo información, es un apoyo real a los profesionales a través de la pautas marcadas en la convivencia, siendo protagonistas de todo el proceso de Rehabilitación.

Definitivamente con la ampliación de coberturas de la Ley de Dependencia, a partir de su publicación en el B.O.E., asume fielmente sus principios. Especialmente el de UNIVERSALIDAD en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación…
 
 

BIBLIOGRAFIA:

LEY 39/2006, de 14 de Diciembre, de promoción de la autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. B.O.E. núm. 299. Viernes 15 de Diciembre 2006.

Rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario de personas con enfermedad mental crónica. Programas básicos de Intervención. Juan C. González Cases y Abelardo Rodríguez González. Consejería de Familia y Asuntos sociales. Comunidad de Madrid. 2002.

Plan Marco de Atención Sociosanitaria en Extremadura. Plan Director 2005-2010. Consejería de Sanidad y Consumo. Consejería de Bienestar Social. Junta de Extremadura.

 

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